I. Análisis del sistema de financiamiento de educación superior chileno.
Las políticas públicas, desde un tiempo a esta parte, se han implementado de acuerdo a índices que no necesariamente responden al entorno inmediato, sino a un entorno globalizado, que si bien es válido, distorsiona de cierta manera la visión objetiva y contextalizada de los países. Esta lógica se ha dado tanto a nivel externo como interno, donde a nivel externo se tienen lineamientos a seguir como país, y a nivel interno se realizan rankings y comparativas que impulsan a las instituciones, incluyendo a las de educación superior, a competir en un escenario no necesariamente equitativo. Dichos rankings, son los que han llevado al sistema de educación chileno a una crisis que se enmarca en la lógica mercantil, la cual tiene dos limitaciones[1]:
1. el estar dirigida univamente a la producción de riqueza para la acumulación de capital, por lo que se encuentra incapacitada de garantizar la realización del Bien Común,
2. y la supuesta equivalencia de los bienes intercambiables a través del mercado, la cual se invalida entre el valor del capital y el valor del trabajo. Esta lógica además no se condice con "ir más allá de cosas equivalentes del lucro como fin en sí mismo"[2], sino que apunta a la competencia entre entidades e instituciones con distinto nivel tanto de desarrollo social como de crecimiento económico.
Lo anterior, se manifiesta en el aprobado "Proyecto de Presupuesto 2011" del Gobierno de Chile para la educación superior, donde se abre el presupuesto estatal a las diversas instituciones (privadas y públicas) existentes en el país, sin distinguir el rol de cada una de ellas y tampoco reconociendo las diferencias existentes en el desarrollo que implementan como modelo.
La figura 1 muestra la distribución del gasto público y privado de las instituciones de educación supierior de los países pertenecientes a la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico). Chile es uno de los países con menos porcentaje de gasto público en educación, donde más del 70% del financiamiento recae en las familias.
El escaso gasto público en la educación superior permite afirmar el análisis del presente documento, donde se puede visualizar de manera histórica como el amplio espectro social ha exigido un mayor compromiso del Estado en el sistema universitario, particularmente de las universidades tradicionales. Sin embargo, estas demandas no se enmarcan sólo desde el punto de vista social, donde la educación permita llevar a Chile a ser un país desarrollado, sino que también desde el punto de vista económico que permita a nuestro país alcanzar un crecimiento realmente comparativo con los demás países de la OCDE, donde uno de los puntos a considerar para integrar esta organización es justamente el gasto público en educación superior.
I.I Gran gasto en educación superior, según PIB, pero de los más bajos en inversión pública
La incorporación de Chile a la OCDE integra al país en un sistema comparativo de todas las políticas implementadas, donde la educación superior no se queda fuera. En el informe "Panorama de la educación 2010" de dicha organización, se señala que el gasto que tiene nuestro país en educación representa el 3,4% del PIB, que es comparativamente bajo respecto de los países con más crecimiento
económico. Todo esto permite extraer tres conclusiones fundamentales:
1. El gasto económico de la educación lo soportan en mayor medida las familias de los estudiantes que ingresan al sistema sin una diferenciación en el ingreso económico que éstas tengan[3]. Además se hace una comparativa entre nuestro país y los demás países de la OCDE en relación a los aranceles universitarios donde Chile en promedio supera a los 4.000 dólares anuales[4], esto considerando que el Estado Chileno financia sólo un poco más de 3.000 dólares en total de la educación tomando en cuenta: básica, media y superior de una persona en promedio (los demás países de la OCDE gastan 8.216 dólares).
2. En el sistema de educación superior, las instituciones se financian mayoritariamente mediante la autogestión o el autofinanciamiento, lo que lleva a que éstas basen sus presupuestos en torno al ingreso que recae en los principales sostenedores de las mismas: las familias de los estudiantes, por lo que deja entrever que el Estado se desvincula cada vez más de la educación. Cabe mencionar que los aportes estatales a las instituciones de educación superior han ido bajando los últimos años, donde dicha baja se ha profundizado en el aprobado presupuesto 2011[5].
3. Los aportes del Estado se han focalizado desde las instituciones a los bolsillos de las familias mediante bonos, becas y créditos, volcando a las instituciones al "mercado de la educación" a competir en un sistema que es desigual, apelando a la "libertad" de las familias de escoger una educación según su "calidad".
Chile es uno de los países que presenta un mayor gasto en educación superior como porcentaje del PIB (ver figura 2)
I.2 Instrumentos de financiamiento
A. Aporte Fiscal Directo
El aporte fiscal directo consta de dos partes: una de carácter histórico (95%) y otra variable (5%),
esta última dependiente de "desempeño" docente, la calidad de los profesores, la actividad de la investigación y el número de alumnos/carreras en pregrado; ésta última teniendo un porcentaje marginal de significancia en total del aporte, en comparación con los índices anteriores.
Las varaciones del AFD en los últimos años son los siguientes:
2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 |
1,92 | 3,5 | 10,4 | 6,9 |
Si bien se ve un alza significativa entre los años 2006 a 2007, el panorama actual del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados de Chile, establece que para el período de 2010-2011, el AFD sólo aumentará casi un 3%, lo cual afecta directamente en el desempeño y desarrollo de las instituciones, así como también en el bolsillo de las familias que se han convertido en el principal sustento de las instituciones de educación superior.
B. Aporte Fiscal Indirecto
El Aporte Fiscal Indirecto (AFI) no ha variado significativamente en montos, pero si en cuanto a su repartición. Las universidades tradicionales se han ido perdiendo una "tajada de la torta", donde la adjudicación que han tenido las universidades privadas, en desmedro de las universidades tradicionales, ha ido aumentando de manera exponencial estos últimos 20 años (ver figura 3) llegando a un crecimiento de un 150%.
Cabe destacar que esta tajada que se ha repartido entre cada vez más universidades no afecta a todas las universidades tradicionales por igual. Históricamente, y situación que no ha variado significativamente los últimos 20 años, el 50% aproximado del AFI cae en manos de las dos universidades más importantes del país: la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile (ambas pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades de Chile, CRUCH, siendo la primera estatal y la segunda privada), dejando el otro 50\% para repartir entre las universidades tradicionales y privadas del país. Por lo tanto, la variación de la figura 3, afecta directamente a las demás universidades tradicionales.
C. Créditos
La lógica del autofinanciamiento y los aportes que el Estado entrega, siendo aún insuficientes según la OCDE, hace quela relación económica para optar por el "derecho a la educación" se lleve directamente entre las familias y las insituciones. Sin embargo, Chile es uno de los países con mayor diferencia de clases, lo que implica una mayor diferencia en los ingresos per cápita, donde el 11% del total de la fuerza laboral de nuestro país obtiene ingresos máximos correspondientes al sueldo mínimo chileno ($172.000 mensuales). Si se considera que un arancel mensual en promedio en las universidades chilenas es de $200.000, las familias que desean que sus hijos estudien no pueden hacerlo o deben, de manera obligatoria, adquirir un crédito[6] ya sea con una entidad bancaria o con el MINEDUC.
El sistema universitario actual, provee de dos créditos: Crédito con Aval del Estado y Fondo de Crédito Solidario. El primero considera un aproximado de 6% de interés anual y la deuda se contrae como cualquier préstamo de consumo en una de las entidades bancarias. El segundo considera un interés aproximado de 2%, mucho menor que el anterior, y la deuda se contrae con el Estado y en el caso de universidades como la PUCV, que dispone de un monto para apalear el costo de la diferencia del arancel real y el arancel nominal, se entrega un crédito interno con similares condiciones que el último, pero entendiendo que la deuda se contrae con la institución. Cabe destacar que en caso de endeudamiento con la PUCV, ésta registra a sus estudiantes en el Directorio Comercial (DICOM).
El Fondo de Crédito Solidario, sin embargo y a pesar de visualizarse como la mejor alternativa para estudiantes de tiempo completo y que por lo tanto no deberían, según sus mallas curriculares, trabajar en forma paralela al estudio para conseguir el dinero de sus aranceles, poseía un déficit de 16.000 millones de pesos, déficit que en el presupuesto 2011 no se encontraba contemplado. En dicho presupuesto, el Fondo de Crédito Solidario sólo aumentaba alrededor del 3%, los que ni siquiera alcanzaban a cubrir el déficit mencionado, en comparación con el Crédito con Aval del Estado cuyo aumento se acercaba al 19%. Lo anterior, pone énfasis al tipo de instituciones a las que el gobierno actual preferenciará a la hora de financiar[7], y es aquí donde surge la duda: ¿Por qué se debe financiar a entidades privadas, con fondos que son de todos los chilenos?.
D. Becas
Las becas otorgadas por el Estado, son un índice más de competitividad entre las instituciones de educación superior, ya que permite atraer a los estudiantes "más capaces" de mantener dichas ayudas ministeriales a lo largo de la carrera.
La fijación de los aranceles de referencia, si bien permiten controlar el alza arancelaria de las instituciones de educación superior, terminan aumentando aún más las diferencias entre las distintas instituciones que se enfocan en un real desarrollo para la comunidad, o en generar obreros calificados para producir rentabilidad. Esto es debido a cómo se calculan los aranceles de referencia, donde en definitiva prima la investigación científica por sobre lo social, por ejemplo al dotar del triple de ponderación a las publicaciones ISI por sobre las publicaciones SCIELO. Esto demuestra hacia donde se han enfocado las ayudas, hacia universidades que generen una "mayor rentabilidad" en lugar de generar un mayor desarrollo y verdadera creación del conocimiento. Cabe destacar además, que hoy existe una "privatización del conocimiento", donde se orienta la educación a la producción de especialistas sin una visión crítica, sólo productiva que se expresa en qué es lo que se financia[8].
Los beneficios ministeriales, se calculan en base al arancel de referencia, por lo que tanto entregan una complicación a las instituciones que deben hacerse cargo de la diferencia entre el arancel real y el de referencia. La problemática se visualiza desde 2 focos:
1. Aumenta la lógica del autofinanciamiento en el sistema educacional. Las instituciones deben asignar desde sus propios recursos, costos que muchas veces recaen en los aranceles reales que los estudiantes deben pagar para asegurar una sostenibilidad equilibrada de las instituciones.
2. Se compite por captar estudiantes que tengan asignadas las becas. En definitiva, los estudiantes becados con becas ministeriales reportan una oportunidad en el entorno de la universidad[9].
Todo lo anterior, centra al sistema de educación en una lógica de mercado, donde las instituciones ofertan sus programas de pre-grado y las dan al mejor postor.
II. Conclusiones
Frente a todo lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que el sistema de educación superior se ha privatizado por completo[10], ofreciendo educación al mejor postor donde las monedas de cambio son: puntaje PSU e ingreso económico de las familias, las cuales en la mayoría de los casos van de la mano, pues justamente quienes obtienen mejores puntajes PSU son los estudiantes de estrato
social alto, egresados de colegios particulares.
Este mercado, donde el mejor postor se lleva el producto, el cual es el mismo pero con un valor agregado (VA)[11] se centra finalmente en la oferta en lugar de hacerlo en la demanda. Donde sea necesaria la creación de conocimiento con el fin de satisfacer las necesidades tanto económicas como de desarrollo humano de la sociedad y no al revés, como se ha implementado desde los '70s en nuestro paíso y que hoy se posiciona con fuerza en un camino zanjado.
Dichas ofertas llevan a un desorden de abundancia de información, donde en lugar de servir para la toma de decisiones, apunta a la necesidad de obtener un título para ingresar con mayores estándares y capacitaciones en un mercado cada vez más competitivo. Esta necesidad creada, es la que vincula a los estudiantes a los sistemas crediticios, generando un círculo vicioso, y apunta a generar mano de obra que permita dar un crecimiento económico en el país.
Finalmente, tener un titulo profesional no garantiza la movilidad social por lo que el círculo vicioso del endeudamiento sigue, pues el sistema universitario está definido con la lógica del dinero, donde las prioridades de investigación y desarrollo no las pone la sociedad en su conjunto sino una elite de políticos y empresarios. Dicha lógica incentiva la producción del conocimiento no para el desarrollo de la sociedad sino para la rentabilidad empresarial. Hoy necesitamos un sistema que permita poner las prioridades, y con esto el financiamiento, en la real utilización pública del conocimiento, que permita perfilar un desarrollo país más justo, que disminuya la brecha de desigualdad económica e intelectual y que garantice una real movilidad social rompiendo con las lógicas del endeudamiento. Lo anterior en manos de los estudiantes cobra un sentido transformador.
[1] Crisóstomo Pizarro, "Estado y Mercado: Reflexiones sobre la Encíclica Caritas in veritrate", Foro de altos estudios sociales, Valparaíso, Chile. Junio 2010.
[2] Benedicto XVI, "Caritas in veritrate", op. cit., p 61.
[3] Sin considerar el aporte de privados, lo cual dice relación en el carácter de vinculación que tiene para con sus ciudadanos.
[4] En latinoamérica: Argentina, Brasil, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela no tienen aranceles. En Europa: República Checa, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega, Polonia y Suecia, no tienen aranceles significativos.
[5] El AFD ha aumentado sólo en un 6,35%
[6] Si bien la pobreza hoy no se percibe como antes, donde las familias no poseían recursos económicos para alimentarse, no significa que hoy las personas sean menos pobres. Los sistemas de endeudamiento encasillan esta percepción de pobreza que permite obtener insumos de necesidades básicas pero que generan un retroceso en el crecimiento económico y en el desarrollo de las familias.
[7] Cabe destacar que el Crédito Solidario sólo se entrega a estudiantes de universidades pertenecientes al CRUCH, por lo que queda el debate abierto de si todos los estudiantes debería optar a dicho crédito,
tanto de universidades privadas como Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales
[8] Slavoj Zizek, “Un permanente Estado de Excepción económica”. New left review, ISSN 1575-9776, Nº. 64, 2010, págs. 80-89
[9] Ejemplo claro se vivió en el último proceso de postulación a la educación superior, enero 2011, donde con la aparición de las nuevas becas vocación de profesor, las instituciones empezaron verdaderas campañas publicitarias para captación de "clientes" rentables.
[10] Independiente de las universidad públicas o estatales ya que están en la misma lógica de crecimiento económico sobre real desarrollo de conocimiento y libertad de pensamiento. Sumergidas en el autofinanciamiento al igual que una institución privada.
[11] Dicho VA se distingue de distintas universidades, donde unas lo focalizan en la generación de real conocimiento,
otras en la excelencia de la mano de obra que producen, otras mediante las redes sociales con las que el cliente/producto egresa
de la institución al mundo laboral.
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